Dos representantes estadounidenses, Mark Takano (D-Calif.) y Mark Amodei (R-Nev.), han propuesto una vez más legislación diseñada para proteger a los consumidores de prácticas de suscripción engañosas. La Ley de cancelación de suscripción busca obligar a las empresas a hacer que las políticas de cancelación sean tan sencillas como el proceso de registro inicial. Se trata de un esfuerzo recurrente, ya que intentos anteriores de regular las renovaciones de suscripciones se han estancado o han sido anulados.

El problema: suscripciones atrapadas

Durante años, las empresas han recurrido a procedimientos de cancelación intencionalmente complicados (que a menudo requieren que los clientes llamen durante horas específicas, naveguen por menús interminables o incluso envíen cartas físicas) para retener los ingresos de las suscripciones olvidadas o desatendidas. Estas “trampas de suscripción” explotan los hábitos de los consumidores y cuestan a los hogares un estimado de $200 por año en tarifas no deseadas.

El problema no es nuevo; es una falla sistémica en la forma en que las empresas obligan a los clientes a realizar pagos recurrentes. Muchas pruebas gratuitas se convierten automáticamente en suscripciones de precio completo si no se cancelan activamente, y los términos a menudo están ocultos en letra pequeña.

Regulaciones fallidas y reveses legales

La Comisión Federal de Comercio (FTC) intentó anteriormente abordar esto con una regla de “hacer clic para cancelar” en 2023, que exige cancelaciones en línea sencillas. Sin embargo, la sentencia fue anulada por los tribunales por motivos técnicos en julio de 2025, justo antes de su implementación. Este revés legal pone de relieve la dificultad de regular estas prácticas únicamente mediante acciones administrativas.

La FTC ha emprendido selectivamente acciones coercitivas –como un acuerdo de 7,5 millones de dólares con Chegg en septiembre de 2025 por las tarifas de suscripción–, pero una reforma integral sigue siendo difícil de alcanzar.

Qué haría el nuevo proyecto de ley

La Ley de Cancelación de Suscripción requeriría que las empresas:

  • Obtenga confirmación de suscripción explícita antes de cobrar el precio completo después de una prueba gratuita o con descuento.
  • Divulgue de manera clara y visible los términos de suscripción durante el registro.
  • Haga que la cancelación sea tan fácil como registrarse.

Esto evitaría que las empresas dependan del olvido de los consumidores o de procedimientos intencionadamente difíciles para seguir cobrando por servicios no deseados.

Apoyo bipartidista y perspectivas futuras

A pesar de los fracasos anteriores, los legisladores creen que esta nueva iteración tiene más posibilidades de éxito debido al mayor interés bipartidista. El representante Takano ha defendido una legislación similar desde 2017, y los intentos anteriores solo obtuvieron el apoyo demócrata en la Cámara. Sin embargo, este proyecto de ley parece tener un atractivo más amplio en todo el espectro político.

“Las corporaciones no han implementado reformas de sentido común, como cancelar una suscripción con la misma facilidad que registrarse para obtener una”. – Representante Takano

La Ley de Cancelación de Suscripción evita los retrasos regulatorios en curso y ofrece una solución legislativa a un problema persistente de los consumidores. Aún no se sabe si se aprobará, pero el proyecto de ley destaca la presión continua sobre las empresas para que adopten prácticas de suscripción más justas.

Esta legislación es necesaria porque el sistema actual supone una carga desproporcionada para los consumidores y al mismo tiempo permite que las empresas se beneficien de prácticas predatorias. Los intentos fallidos de la FTC demuestran que la acción administrativa por sí sola no es suficiente; El Congreso debe intervenir para garantizar políticas de suscripción justas y transparentes.